El 12 de febrero de 2020, con cuatro años de retraso desde la adopción del mandato en 2016, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó una base de datos con 112 empresas [1] que mantienen negocios en los asentamientos israelíes ilegales en los territorios palestinos ocupados.
¿Por qué? Porque estas empresas “directa o indirectamente, han permitido y facilitado o se han beneficiado de la construcción y la ampliación de los asentamientos” establecidos en Palestina, ilegales según el derecho internacional.
¿Cuál es el problema? Hoy, dicha base de datos está anticuada y requiere una actualización urgente para contribuir a exponer y poner término a la complicidad corporativa en la ocupación ilegal. Añadiendo y eliminando a ciertas empresas de la base de datos se crearía el incentivo necesario además de servir como disuasivo para que no se colabore con la industria israelí en los asentamientos ilegales.
Pese a la promesa de la ONU recomendando “al Consejo de Derechos Humanos que estableciera un grupo de expertos independientes, con un mandato limitado en el tiempo, para que informara directamente al Consejo” sobre la situación, todavía no se ha designado dicho grupo de expertos.
Añada su nombre a la petición pidiéndole a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se respete la resolución 31/36 [2] del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, actualizando urgentemente la base de datos.
A Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
La Confederación Sindical Internacional insta a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU a respetar la resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU:
- Actualizando y publicando la base de datos de empresas que hacen negocios en los asentamientos israelíes establecidos en el Territorio Palestino Ocupado. Dicha base de datos no ha sido actualizada en dos años, habiéndose publicado ya con cuatro años de retraso.
- La CSI exhorta asimismo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que proceda a la designación de un grupo de expertos, en línea con lo dispuesto en la resolución de la ONU, donde se recomienda “al Consejo de Derechos Humanos [establecer] un grupo de expertos independientes, con un mandato limitado en el tiempo, para que informara directamente al Consejo con ese fin”.
Una base de datos actualizada no solo hará justicia al pueblo palestino, sino que también redundará en beneficio de aquellas empresas incluidas en la lista original que entre tanto han cortado sus vínculos con los asentamientos israelíes ilegales.
La obtención de beneficios por parte de empresas israelíes y multinacionales impide el desarrollo económico de Palestina, dado que se apoya en la anexión de tierras y la explotación de recursos naturales palestinos.
Las perspectivas de una solución viable con dos Estados se ve perjudicada con la continua expansión de los asentamientos ilegales, con el apoyo de empresas que la base de datos pretende dejar expuestas.